PAGINA SIETE.- El 80% de los adolescentes recluidos en centros de reintegración social de La Paz viven en la incertidumbre debido a la retardación de justicia. Cada semana hasta tres jóvenes son remitidos con medidas cautelares a estos centros donde crece el hacinamiento.
“Un 80% de los adolescentes internos en el centro de reintegración están detenidos preventivamente y no tienen sentencia; eso está causando hacinamiento. Si bien hay jóvenes acusados de cometer infracciones graves, muchos están con medidas cautelares por delitos menores que no ameritan la detención o hay casos en los que el tiempo de la pena que dicta la ley ya se cumplió”, manifestó el director de Política Social de la Gobernación de La Paz, Eugenio Vásquez.
Espera entre rejas
Candados y cadenas refuerzan las rejas del Centro de Reintegración Varones, dependiente de la Gobernación de La Paz. En los pasillos, habitaciones o talleres de capacitación ninguna puerta se abre sin que se haya asegurado la anterior. Desde el patio llega una cumbia de moda que toca la radio, el sonido de un balón que golpea el suelo y algunas carcajadas dispersas.
Es miércoles, día de visita, y bajo el sol –mientras tejen manillas o distraen la ansiedad con un juego de ajedrez– un centenar de adolescentes esperan noticias sobre sus casos, su vida y su futuro.
“Nos preocupa que en los últimos meses hayan llegado entre dos y tres adolescentes por semana y que los procesos no avancen. Hay jóvenes que vienen por bagatelas, robos o peleas donde no corresponde la privación de libertad. Pareciera que la solución que dieron las autoridades fue remitirlos y olvidarse de ellos y sus casos”, dice la secretaria departamental de Desarrollo Social y Comunitario, Beatriz Zegarrundo.
Años sin sentenciax
La retardación de justicia es uno de los problemas identificados por Informe de verificación a centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley, elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2016.
“Los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar el acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, señala el documento.
Añade que los plazos procesales no se cumplen ya que existen adolescentes que han estado por más de dos años con detención preventiva. El artículo 264 del Código Niño, Niña y Adolescente establece que la duración del proceso jurisdiccional –desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada– “no deberá exceder los ocho meses”.
“Tenemos un caso que ya va por los dos años y cuatro meses sin una sentencia”, señaló la administradora del Centro de Reintegración, Rosario Mendoza.
Según la trabajadora social del Centro, Rosmery Ortiz, la mayoría de los recluidos están acusados por hurto, peleas y robo agravado. “Otros llegan por violación, homicidio, parricidio o por la 1008. Si están bajo el efecto de los inhalantes a veces no saben que han cometido un delito, al reaccionar ya sólo ven la sangre en sus manos”, relata.
La ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de Justicia señala que el juez competente dispondrá la detención preventiva o formal de un menor de 18 años únicamente por delitos que tengan prevista como pena la privación de libertad de un máximo de cinco o más años. En el caso de robo agravado ésta llegaría a dos.
Hace dos semanas, con el fin de evitar estos malos procedimientos y sus consecuencias, la Gobernación de La Paz y la Fundación Construir dieron un taller de capacitación para los operadores de justicia. Pese a su confirmación los jueces de la Niñez y Adolescencia no asistieron.
En ese evento, la especialista en Justicia Penal Juvenil Cecilia Bolivar planteó la necesidad de la especialización e institucionalización de jueces para una aplicación eficaz de la justicia restaurativa. Esa que debe llegar a los menores de edad.
Recursos y hacinamiento
En los dormitorios del Centro de Varones, las camas están acomodadas lado a lado y separadas apenas por un espacio mínimo por el que se debe caminar de costado. Hay cuadros y marcas que personalizan cada espacio.
Hasta la semana pasada esta infraestructura con capacidad para 40 adolescentes albergaba a 93 varones de 14 a 18 años de edad. En el centro de reintegración para mujeres hay 11 internas.
En ambas instituciones, el número de internos e internas cambia constantemente. A veces llegan más jóvenes, otros terminan de pagar su penas, se presenta un sobreseimiento o se imponen medidas sustitutivas en algún caso.
“No sabemos cuando entrarán nuevos internos ni si estarán un día o meses. Hay recluidos que ya deberían salir pero sus procesos no se mueven o sigue en investigación”, lamenta Mendoza.
Según el informe de la Defensoría hasta principios de 2016 en el país había 480 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales el 11% estaba en La Paz. Es decir, al rededor de 40 jóvenes. A la fecha la cifra se duplicó.
En los centros de reintegración social, los muchachos no son separados por la tipología del delito por el que se los acusa, ni divididos entre los que tienen sentencia o los que esperan una. Son remitidos por los juzgado de la Niñez y la Adolescencia de La Paz, de El Alto y de las provincias, y algunos de los adolescentes incluso llegan del interior del país.
Al igual que el espacio, el presupuesto para alimentación, insumos y otros es manejado en medio de “malabares financieros” que resuelven las necesidades de una población que puede aumentar de un día para otro y que no disminuye a pesar de los plazos.
“Por el momento, estamos respondiendo para dar las condiciones. Pero si siguen llegando vamos a colapsar”, teme Mendoza.
Para Zegarrundo la solución no pasa por más espacio o recursos. “Es necesario una buena aplicación de la norma y solucionar la retardación de justicia para el descongestionamiento”,asevera.
Cuatro centros para todo el departamento
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Atención.- En La Paz hay cuatro centros. El Centro de Reinserción Social Qalauma, el Centro de Reintegración Social para Varones, Centro de Reintegración social para Mujeres y el Centro de Orientación en El Alto donde se da terapia y seguimiento a adolescentes (y sus familias) que requieren medidas alternativas a la privación de libertad.
- Responsabilidad.- El informe de la Defensoría señala q ue a inicios de 2016 el 37% de los casos por los que están detenidos las y los adolescentes estaban referidos a robos, el 34% a delitos sexuales, el 20% a delitos contra la vida y la integridad y el 6% al narcotráfico. También eran acusados por “amenazas”, “asociación delictuosa” o “destrucción de bienes del Estado”.
Hijos de familias violentas o delincuenciales
“Hay un común denominador en los adolescentes con responsabilidad penal que son reincidentes. Vienen de familias disfuncionales, de entornos violentos, de extrema pobreza o de donde la delincuencia es la forma de vida”, dijo el psicólogo del Centro de Reintegración Social para Varones de La Paz, Miguel Vedia.
A su parecer estos son los factores que predisponen a los y las menores de edad –en su mayoría varones– para que sigan el camino de la delincuencia. El proceso para la reintegración social requiere de compromiso, acompañamiento, cariño y mucho trabajo.
“Son muchachos que tienen muy poco respeto a la autoridad y es complicado que puedan acatar las normas que se aplican para la reintegración. El apoyo de educadores y especialistas son la mayor ayuda que pueden tener en este proceso”, aseveró.
A pesar de la resistencia a la autoridad en la mayoría de los casos los infractores tienen conciencia de que cometieron un delito y sienten remordimiento y culpa. Algunos buscan la reparación del daño.
“Hemos visto casos aislados en los que –creo yo– los muchachos tienen características de tipo antisocial. Se niegan ante el acto, no tienen conciencia del delito o han naturalizado de tal manera estos hechos delincuenciales que no hay repercusión en ellos. Esos casos necesitan un mayor trabajo psicológico”, sostuvo.
Un oficio para recomenzar
Una evaluación pedagógica de los internos muestra que los adolescentes tienen un gran rezago escolar. Muy pocos son los que asistían al colegio antes de ser cautelados.
El centro cuenta con docentes para educación regular en primaria y secundaria, niveles en los que los internos son incluidos. En esas aulas, la gestión pasada, seis bachilleres se graduaron.
Como los demás, ellos reciben una capacitación técnica y a pesar de no saber cuándo se dictará su sentencia o si saldrán, tienen una oportunidad adicional. Ellos podrán optar a una carrera universitaria.
“Pero lo importante para todos es darles una terapia integral y ver la forma de darles una oportunidad para reintegrarse. Por eso, además de la atención psicológica y la educación regular hay capacitación técnica en costura, carpintería y marroquinería”, señaló la adminitradora Rosario Mendoza.
En estos talleres no producen para la venta pero sí para su consumo. Los costureros han confeccionado sus sabanas sus piyamas y hasta los chalecos para educadores y funcionarios. Los carpinteros reparan roperos y camas y construyen repisas, mesas y sillas para amoblar sus habitaciones.
Debido al uso de alquitrán, clefa y thinner, un grupo selecto de adolescentes –sin antecedentes de consumo de inhalantes– se capacita en trabajo en cuero. Carteras y monederos toman forma en sus manos.
Pero no son los únicos oficios. En un pasillo del recinto se ha instalado una pequeña peluquería y un muchacho delgado y moreno es el eventual “estilista”. Con paciencia rapa la cabeza de uno de sus compañeros dejando un copete en la parte frontal, tal como marca la moda. Durante las horas libres en las esquinas del patio otros tejen manillas y llaveros.