(ANF).- Un grupo de legisladores de oposición demandaron al Estado boliviano y a varias autoridades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que le piden la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la anulación del fallo 084/2017 que establece la reelección indefinida.
Los legisladores que han interpuesto la demanda y que este miércoles fue registrado en el sistema de la Corte-IDH son Wilson Santamaría, Luis Alberto Vaca, Rose Marie Sandoval, José Carlos Gutiérrez, Micaela Nina, Griselda Muñoz, Gonzalo Barrientos, Shirley Franco.
También firman la demanda de 39 páginas que contiene argumentos jurídicos, pruebas y casos de jurisprudencia Enrique Siles, Rafael Quispe, Oscar Urquizu, Beatriz Capobianco, Helmut Salinas, Grover Huanca, Scarlett Zambrana y María Calcina.
“Pedimos a esta institución única y encargada de dirimir el conflicto y las controversias, además de ordenar la reivindicación de los derechos vulnerados de los bolivianos, se dignen interpretar de manera correcta y contundente el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos debidamente estatuidos, ratificados en el Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos producidos por unas cuantas autoridades del Estado de Bolivia en contra del derecho fundamental consagrado por el soberano”, señala el petitorio.
Refiriéndose al pueblo boliviano que a través del Referéndum del 21 de febrero de 2016, una mayoría de la población dijo No a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, respecto a la modificación del artículo 168 para una segunda reelección de manera continua, precisa el memorial.
“Hemos presentado una demanda en términos estrictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sido ingresada ayer con el número 43245 en su sede Washington, Estados Unidos”, informó el diputado Santamaría, al sostener que la acción que asumieron fue en el marco de su responsabilidad legislativa de hacer cumplir la Carta Magna.
Explicó que uno de los temas que han pedido a la CIDH la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que ha establecido en otros casos que la aplicación preferente de derechos siempre debe ser a favor de la ciudadanía “y no en favor de quien las ejercer en condición de poder o situación de Gobierno”.
Para los demandantes esta interpretación es “fundamental porque tumbará el fallo del Tribunal Constitucional”, que el pasado mes de noviembre de 2017 dictó su sentencia 084 en el que establece la aplicación preferente para que las autoridades electas, entre ellas el presidente Evo Morales, sean reelectas sin restricciones y de manera indefinida.
Por lo tanto, sostienen que en efecto vinculante de la interpretación que haga la CIDH del artículo 23 de la CADH “logrará la anulación del fallo” del TCP, disposición que según Santamaría frenará la “repostulación del presidente Evo Morales” en las elecciones de 2019.
Asimismo están pidiendo un pronunciamiento sobre si “un puñado” de exmagistrados del Tribunal Constitucional puede sobreponer su interpretación a la voluntad popular que se pronunció sobre la reelección en el referéndum del 21F.
Los diputados identifican como los responsables de las violaciones a los derechos de los bolivianos al presidente Evo Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera; además de los senadores y diputados: Nélida Sifuentes, David Ramos, Nelly Lenz, Ana Vidal, Julio Huaraya, Felipa Málaga, Ascencio Lazo, Juan Vásquez, Édgar Montaño, Víctor Gutiérrez, Santos Paredes.
Además en contra de los exmagistrados del TCP que dictaron el fallo que avala la reelección indefinida: Macario Cortez, Oswaldo Valencia, Ruddy Flores, Virginia Andrade, Zenón Bacarreza y Mirtha Camacho.
