Abogado denuncia que 80% de audiencias en el caso Olorio se suspenden

Abogado denuncia que 80% de audiencias en el caso Olorio se suspenden

(ANF).- El abogado Rime Choquehuanca denunció este lunes que un 80% de las audiencias en el caso Olorio se suspenden por ausencia del Ministerio Público y abogados de la parte denunciada, conformada por policías.



En julio de este año se cumplirán 8 años del proceso sin que hasta el momento se vislumbre una sentencia en contra de los acusados, todos policías, de quitar la vida de manera cruel mediante tortura a David Olorio Apaza en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de El Alto.

“Más o menos en dos años y medio, cinco audiencias de cada 15 se suspendían, es por eso que está durando tanto este proceso, el 20% de las audiencias se llevaban y el 80% se suspendían”, denunció Choquehuanca.

El jurista lamentó la falta de voluntad del Tribunal Quinto de Sentencia en lo penal de El Alto de solucionar cuanto antes este caso, ya que la audiencia se fija cada 10 días y solo se tiene una hora para las deliberaciones. “No es suficiente para este caso, es el Tribunal quien tiene la responsabilidad de organizar este juicio y no lo hace”, dijo.

Agregó que se le pidió varias veces al Tribunal “que conmine a las partes a que estén presentes y se lleve toda una tarde o todo un día la audiencia para poder concluir todo este proceso, pero hace caso omiso al pedido de las partes”. 

Indicó que no han podido llegar ni a terminar la fase de presentación de pruebas de la fiscalía y faltan las pruebas de la acusación, de la defensa y los alegatos.

La fiscalía retarda la justicia

Choquehuanca indicó que el motivo por el cual se suspenden esencialmente las audiencias es por la ausencia de la fiscalía quien de cada 10 audiencias solo asiste cuatro. 

Los otros que no acuden son los abogados de los acusados que “van haciendo que se suspendan las audiencias y el Tribunal sigue la estrategia de los policías acusados, de que se retarde más el juicio, se canse y se vaya olvidando el querellante”.

Todos los acusados por la muerte de Olorio, policías libres y en servicio, reciben los beneficios para asistir a las audiencias, mientras que la víctima de escasos recursos es afectada en su salud y economía cuando se suspenden las audiencias.

Vulneración de derechos

El abogado denunció vulneración constante de los derechos de la víctima que debe afrontar todo el maltrato que le infringe el Tribunal con la suspensión de audiencias en clara parcialización de los acusados policías. “¿Cómo puede ser que una víctima le ruegue a un Tribunal durante tantos años de iniciado el proceso y hasta ahora no se conmueva y solo le dé una hora de su tiempo cada diez días?”, cuestionó.

“La víctima debe ir de la ciudad de La Paz a El Alto a presentarse a esa audiencia, y si se suspende va en vano, y el 80% de las audiencias que ha llamado el Tribunal no se llevan a cabo”, remarcó.

Mientras la víctima debe volver y perjudicarse por no trabajar ese día, y “debe pagar además sus pasajes, pagar a su abogado, y no tiene ninguna cooperación de parte del estado; la parte contraria son funcionarios policiales acusados de matar a una persona y todavía reciben el beneficio de ser totalmente atendidos por el Estado”.

Estigma judicial

Choquehuanca considera que hay un estigma de parte del Tribunal en contra de David Olorio porque registra antecedentes penales y por eso le niega justicia a las víctimas, en este caso a la viuda, Carola Céspedes.

“¿Esta víctima tiene derecho a la protección del Estado? Es esa creo la pregunta que surge en todos los actores de este proceso y no le dan importancia, pero esta víctima también es una ciudadana boliviana y clama por justicia”, apuntó.

Para el abogado se trata de la aplicación del Derecho Penal del Enemigo a su cliente. “¿Porque tenía antecedentes ya no tiene derecho a que le proteja la justicia boliviana o se investigue su caso, se juzgue su caso o haya responsables en su caso? Es como una persona que no tuviera derechos, tal vez en las leyes y en el sistema legal los tiene, pero en la realidad cuando el 80% de audiencias se suspende y no se conmina (por parte del juez), cuando los funcionarios policiales que lo han matado siguen ejerciendo sus funciones y siguen percibiendo haberes del Estado, cuando él y su familia no tienen la cooperación de un abogado o, en buen sentido, del Estado, entonces si hay una ejecución del derecho penal del enemigo en este caso”, remarcó.

Insistió que este caso se mantenga así por casi ocho años se debe a una “estrategia de cansar a la víctima, de archivar el caso en el camino del procesamiento de una sentencia”.

“La justicia debe ser pronta y no demorar toda tu vida” como dice la Constitución Política del Estado.