PAGINA SIETE.- En la Procuraduría General del Estado se redactaron fallos judiciales y desistimientos con los representantes legales de la empresa Quiborax, de acuerdo con un informe técnico enviado por el subprocurador Pablo Menacho al entonces procurador Héctor Arce, en el que menciona la filtración de documentos por parte de la subprocuradora Carmiña Llorenti. Expertos cuestionan la falta de independencia de poderes.
Una parte del Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE 03/2017, que se refiere a los documentos filtrados el 4 de agosto de 2016 señala: “Se tienen borradores de documentos relativos a un proceso penal contra David Moscoso (empresario boliviano dueño del 49% de las acciones de la sociedad Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax) y otros en el que se halla involucrado el dueño de Quiborax, Allan Fosk y otros”.
Entre las resoluciones que se redactaban están, según el correo remitido por la exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado Carmiña Llorenti en las numerosas reuniones de trabajo que se coordinaba con los representantes de la firma chilena, la suspensión del juicio a Moscoso, el retiro de la acusación y la resolución judicial del proceso penal.
“Fue en Bolivia que ellos vinieron, vale decir Rodrigo (Gil), Daniel (Ocqueteau) y Constanza (Onetto), para trabajar conjuntamente los proyectos de los retiros de acusación de querrellante y Ministerio Público, así como la resolución judicial que pondría fin al proceso penal, donde ellos prácticamente pusieron algunos aspectos en dichos borradores. (...) cuando terminaron de redactar, se enviaron de mi correo personal que estaba abierto a sus correos cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con cambio de control de cambios, otra con todo ya corregido y dos acusaciones de querellante y de Ministerio Público sin firmas, solo borradores”, admite la exfuncionaria.