Jueces, fiscales y policías aplican "mano dura" solo a los que protestan contra el Gobierno

Jueces, fiscales y policías aplican "mano dura" solo a los que protestan contra el Gobierno
(ANF).- Durante las protestas sociales registradas en estos días por la denominada defensa de la democracia, se cuestionó a jueces, fiscales y policías por aplicar la ley con mano dura contra gente que supuestamente instiga a la violencia y usa explosivos en protestas contra el Gobierno, pero que son condescendientes con los militantes al Movimiento Al Socialismo (MAS) que incurren en las mismas irregularidades.
 
“Mano durísima para los sectores que se levantan, se movilizan, están en los bloqueos, en las calles y mano totalmente condescendiente, mano cómplice con aquellos que apoyan al Régimen, con aquellos que están en los enfrentamientos y que lamentablemente la Policía no hace absolutamente nada contra estos grupos”, dijo el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.
 
Para Villena el sistema judicial está sometido al Gobierno y no hay un Estado de derecho, en el que las leyes se apliquen de la misma manera para todos los bolivianos.
 
Recordó varios casos como Caranavi, Illanes, Adepcoca, Chaparina, donde se puso mano dura contra los dirigentes y manifestantes que protestaron contra el Gobierno, pero “quedó en papel mojado” los procesos contra policías o autoridades de gobierno, involucradas en esos hechos.
 
La población está cada vez más indefensa y muestra de ello es que las múltiples denuncias que se presentan por atropellos durante movilizaciones contra el Gobierno no prosperan, ¿eso es justicia?, cuestionó.
 
Policías gasifican a unos y resguardan a otros
 
Mineros marchan en Cochabamba acompañados por la Policía. Video: Los Tiempos.
 
Los cívicos y universitarios movilizados en defensa de la democracia en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz cuestionaron el accionar de la Policía porque consideran que a ellos los gasifican violentamente en sus protestas; sin embargo, a los militantes del MAS los resguardan en sus movilizaciones.
 
Además, otro aspecto que se critica es que los uniformados permiten a los mineros afines del MAS el uso de explosivos en movilizaciones, hecho penado por ley, pero, en protestas anteriores, detuvieron a muchos cocaleros de Adepcoca porque habrían incurrido en ese ilícito.
 
Para el diputado Rafael Quispe, ese panorama muestra que la Policía incumplió con sus deberes porque no hizo cumplir la norma. Anunció procesar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, al comandante de la Policía, general Vladimir Calderón, y al comandante departamental de La Paz, coronel José Antonio Barrenechea, en caso de que sigan este tipo de vulneraciones en flagrancia.
 
“Hemos mandado una carta al Ministro de Gobierno recordándole que el no detenerlos es incumplimiento de deberes y vamos a procesarlo penalmente si siguen haciendo reventar dinamitas”, manifestó Quispe. 
 
Fiscales investigan de oficio algunos casos y esperan denuncia por otros
 
El fiscal general informa el avance de distintas investigaciones vinculadas al tema electoral. Video: FGE.
 
Frente al uso flagrante de explosivos de mineros militantes del MAS, el Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Policía. Alegó que no pueden investigarse el hecho si no hay una denuncia.
 
“Es una atribución de la Policía el cumplimiento de la ley, dejemos entonces que cada institución cumpla el rol, el Ministerio Público va a hacer (la investigación) una vez que reciba la denuncia pertinente”, manifestó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en una conferencia de prensa.
 
Sin embargo, en la misma conferencia Lanchipa se refirió a otros casos que —dio a entender— sí serán investigados de oficio. Informó que se activarán acciones legales directas contra los responsables de vigilias de los movimientos en defensa de la democracia, en las inmediaciones de las dependencias de la Fiscalía de Sucre y otros edificios públicos. Argumentó que obstaculizaron la labor de los funcionarios y eso es un delito.
 
También hizo referencia al asesinato por impacto de bala a dos cívicos cruceños en Montero, mencionó que en coordinación con la Policía darán con los responsables del crimen e investigarán a los dirigentes cívicos del lugar por instigación a la violencia.
 
En cambio, ese mismo día, el Fiscal General comunicó que desestimó la demanda de la senadora Carmen Eva Gonzáles, quien solicitó que el presidente Morales sea enjuiciado por la violación de los derechos y garantías constitucionales, por supuesta instigación pública a delinquir y asociación delictuosa tras sus declaraciones de cercar a las ciudades que acatan el paro cívico.
 
Al respecto, la abogada y candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, calificó de vergonzoso el actuar de los fiscales porque no operan de manera directa ante ilícitos flagrantes en protestas sociales y esperan siempre operar a partir de una denuncia.
 
“No necesitamos (denuncia porque) son casos que estamos evidenciando, cómo la sociedad está siendo forzada a estar sometida a este régimen y no lo vamos a permitir. Si en este momento van a querer detener a los dirigentes cívicos vamos a ir a la cárcel todos, pero esta vez no nos vamos a rendir”, dijo Barriga.
 
Por su parte el diputado Quispe aseguró que “la Fiscalía debe actuar de oficio porque eso dice la norma”.
 
Justicia da vía libre a uso de explosivos
 
Mineros marchan por el centro de La Paz. Video: Gigavisión.
 
Ayer la Sala Penal Primera de La Paz instaló audiencia para tratar la acción de libertad interpuesta por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en contra del Comandante General de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón, por no hacer cumplir el Decreto Supremo Nº 2888, que prohíbe el uso de dinamitas en movilizaciones, esto a partir del uso de explosivos que hicieron estos días los mineros afines al MAS.
 
Dicha instancia judicial no dio curso a dicha acción de libertad, misma que hubiese permitido hacer cumplir las normas que prohíben el uso de explosivos en manifestaciones para resguardar la seguridad de la población y que la Policía cumpla con su deber se hacer cumplir la ley.
 
Con esta determinación “se ha abierto una brecha y una puerta prácticamente a la criminalidad que cualquier persona pueda portar cartuchos de dinamita a manifestar y reventarnos y ocasionarnos daños”, manifestó el abogado Rodrigo Aldana, luego de la audiencia.
 
El jurista lamentó que los vocales de la Sala no valoraron de fondo esta solicitud, que solo busca resguardar la vida y seguridad de la ciudadanía.
 
¿Objetividad?
 
Lanchipa aseguró que la Fiscalía actúa con objetividad y apegada a la normativa legal. El Ministerio de Gobierno y la Policía se limitaron a decir preverán acciones preventivas para que no vuelva a ocurrir.
 
El analista jurídico Andrés Zúñiga explicó que todos los bolivianos son iguales ante la ley, tal como establece la Constitución Política del Estado (CPE), y esos derechos están resguardados por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 
 
“Considero que un Ministerio Público que pregona la objetividad, que pregona la representación de la sociedad y que pregona el combate al crimen y al delito debe hacer su papel conforme la ley del Ministerio Público orienta, sometido siempre a la CPE”, refirió.
 
Dijo que eso implica que no debe protegerse a unos o discriminarse a otros dentro de un caso, porque entonces no podría entenderse a la CPE como guardiana de los derechos o no podría un Estado de derecho soportar la protección de actos ilegales.