PAGINA SIETE.- El jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, anunció este lunes que ese frente de oposición presentó el Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia y de Resistencia Contra la Tiranía y la Opresión, que busca tipificar como delito el desconocimiento del voto y surgió en respuesta a un proyecto presentado por el MAS, que busca modificar un artículo del régimen disciplinario de la Policía.
“Nuestro presidente de la alianza, Carlos Mesa, está muy preocupado por un proyecto de ley que está presentando el Gobierno a través del diputado Anyelo Céspedes, modificando un artículo del régimen disciplinario de la Policía Boliviana. En la exposición de motivos, el MAS señala que la necesidad de presentar el mismo es para justificar los hechos de 2019 mediante los cuales el expresidente Evo Morales quería quedarse permanentemente en el poder”, explicó Alarcón.
Además aseguró que el proyecto de ley presentado por el oficialismo es “es injusto" con relación a la Policía y a los efectivos que en el año 2019 "protegieron el orden democrático”.
El proyecto presentado tiene seis artículos entre los que se destaca la pérdida de legalidad y legitimidad.
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“Los gobernantes que habiendo accedido democráticamente al poder del Estado utilicen cualquier medio para quedarse en su ejercicio, en contra de los límites y plazos de su mandato constitucional, desconociendo la decisión soberana del pueblo expresada en un referendo o elección, o realizando fraude electoral, perderán su legalidad y legitimidad de origen y ejercicio”.
Respecto a la fidelidad a la Constitución y la democracia de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, el proyecto dice: "Cuando un gobierno democrático, por las razones indicadas en el artículo precedente, pierda su legalidad y legitimidad de origen y ejercicio, deberán defender por todos los medios necesarios y proporcionales a su alcance el orden constitucional y democrático, y el derecho de resistencia de los ciudadanos contra la tiranía y la opresión”.
También dice que los gobernantes que pierdan la legalidad o legitimidad de ejercicio incurrirán en el delito de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, y serán sancionados con la pena establecida para los delitos de traición a la patria.
