EL DEBER.- La orden de aprehensión en contra de la ex asambleísta departamental y activista medioambiental, Neira Budellmann, pone en evidencia un conflicto que se remite a más de dos años. Bajo los delitos de deterioro de bienes del Estado, violencia contra militares y asociación delictuosa, el fiscal Roberto Ruiz dictaminó la orden de aprehensión en contra de Budellmann.
La directora Regional de la Aduana, Susana Cazón, acusó a la ex asambleísta de instigar a la violencia contra militares y funcionarios de la Aduana, hecho ocurrido durante el asalto a las instalaciones que esta repartición estatal tiene en Arroyo Concepción. La noche del lunes 9 de agosto una turba saqueó el almacén y sustrajo mercadería retenida.
En contacto telefónico con Buddelmann, la activista lamenta que la causa esté cursada en Santa Cruz de la Sierra y no en Quijarro, lugar donde ocurrieron los hechos. Esta irregularidad acrecienta las dudas en la denunciada que ya califica el hecho como persecución política.
Alega que desde hace dos años ha cuestionado la labor ineficiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y, como referente de la comunidad en Puerto Quijarro, ha denunciado permanentemente los actos de corrupción registrados en las dependencias de la Aduana. La orden de aprehensión responde, según la ex asambleísta, a la represalia por parte de las autoridades interpeladas.
