PAGINA SIETE.- Víctimas de los hechos de violencia en 2019 y legisladores pidieron la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, por incumplir el debido proceso con persecuciones políticas, tal como señala el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, anunció procesos contra operadores judiciales “cómplices” de irregularidades en aquel año.
“Los hechos que se están puntualizando en el informe del grupo de expertos no pueden quedar en la impunidad. Si hubo operadores de justicia que casi actuaron de manera cómplice con hechos irregulares y vulnerando derechos humanos y el debido proceso, deben ser investigados como cualquier otro ciudadano, nadie está por encima de la ley ni la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirmó ayer Torres en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia, Iván Lima.
En su informe, el GIEI concluyó que entre los problemas estructurales más graves está la falta de “independencia judicial, transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal”.
El documento de 471 páginas entregado al Gobierno el martes, establece que entre septiembre y diciembre de 2019 el Órgano Judicial “abusó” e incurrió en la persecución de adversarios políticos de los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez. Pero específicamente, “en su análisis (al trabajo y) las investigaciones de la Fiscalía, el GIEI documentó diversas violaciones del debido proceso, entre otras: la imputación de cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la presunción de inocencia; y el indebido ejercicio de presiones o incentivos para aceptar culpabilidad por los cargos”, concluye parte del texto.
